AGUAYO&MOREIRA
Luz
María Sánchez Rovirosa
“La palabra, es una forma más
de poder, una de las muchas que nos ha estado prohibida” Victoria Sau.
¿Qué podemos hacer para
dialogar y convivir civilizadamente en una sociedad que se supone plural, donde
no todos piensan lo mismo, ni creen en lo mismo, incluyendo a las autoridades
de cualquier nivel? ¿Qué hacer para garantizar el derecho a la libertad de
expresión para todos sin excepción?
La libre expresión es esencial en la lucha para el
respeto la responsabilidad y la promoción, y es uno de los -derechos humanos
fundamentales-. Sin la potestad, la facultad, la atribución etc., de opinar
libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado
a la opresión.
Por esta razón, la libre expresión es uno de los derechos humanos más amenazados, tanto por los gobiernos represores que quieren impedir cambios, como por personas que quieren imponer su ideología valores o vicios personales, callando a los demás.
Resulta paradójico que, en un país supuestamente democrático, no todo mundo se pueda expresar libremente, porque reconocer, defender y vivir este derecho, tiene sus serias y difíciles implicaciones y repercusiones en la vida política y social de México.
Sirva este breve prólogo como un preámbulo en el
polémico tema del derecho a La Libertad de Expresión; porque hace un par de
días me llamó mucho la atención el fallo que se dio al caso Aguayo&Moreira,
que ya venía cocinándose en los juzgados desde el año 2016.
El caso se abrió, inmediatamente después de que
Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI
(entre otros puestos políticos), demandó al analista político, articulista y
catedrático del Colegio de México, Sergio Aguayo Quezada, por “Daño Moral”,
después de que el susodicho escribiera un artículo que salió publicado en enero
de 2016, en varios periódicos nacionales, el cual su contenido, molestó al
político en cuestión.
En
su narrativa el académico Sergio Aguayo, hizo un serio señalamiento a las
autoridades (pertinentes), “por su pasividad en el caso del político señalado.
En el artículo se leía esta dura crítica: “Moreira es un político que desprende
un hedor corrupto; que en el mejor de los casos fue omiso ante terribles violaciones
a los derechos humanos cometidos en el estado de Coahuila, y que, finalmente,
es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana” (sic). Cabe hacer la
aclaración que, durante este enredo judicial, Humberto Moreira estaba encerrado
en la cárcel de España, acusado de “lavado de dinero”.
El
final de esta insólita historia, es tan increíble como la demanda, porque
resulta que el “sujeto” se sintió profundamente agraviado con las palabras de
Aguayo, y señaló que éstas no tenían más intención que “ofender, insultar,
calumniar y propinar injurias”; lo cual era un atentado contra sus
“sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación” (háganme el favor); y
acto seguido ni tardo, ni perezoso convirtió –su daño moral- en 10 millones de
pesos, que hoy le costarán pagar al “inquisidor” del lastimado, vulnerado,
herido, lacerado, etc. Humberto Moreira: Sergio Aguayo sentenciado por el juez
16 de lo Civil, Francisco Castillo González.
Inicié
el artículo comentándoles que este asunto desde su inicio y hoy su final, me
llamaba mucho la atención, porque a estas alturas del siglo XXI, la justicia en
México tenga los alcances de ser represiva, “vendida y comprada”.
¿Qué
se tendrá que hacer, qué se tendrá que cambiar, para que todo el ámbito que
gobierna reflexione en ese conjunto de condiciones sociales (recursos, valores,
leyes, costumbres e instituciones), cumplan con transparencia y cabalmente la
“Justicia Social”, poniendo a todos y cada uno de los mexicanos con poder o sin
él; con puesto o sin él, en el lugar que le corresponde por ley, sin beneficiar
o proteger a los que tienen y pueden, pero nunca y por ningún motivo, reprimir,
hostigar o avasallar por medio del poder? ¡Vale la pena reflexionarlo!
